El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser sobreseída en la causa conocida como “la ruta del dinero K” por lavado de dinero, en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez y junto a sus hijos.

Casanello no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, el juez sostuvo que no es correcto "mutilar líneas de investigación abiertas".

Al igual que el fiscal Guillermo Marijuán, Casanello argumentó que hay varias medidas de prueba pendientes para determinar si la ex presidenta tuvo participación en la maniobra de lavado de dinero.

"Por eso insistiré y esperaré sus resultados", aclaró el juez en su respuesta a la acusada.

Además recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente. El arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónico entre los que eran en ese momento los secretarios privados que tuvo la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, cuando sucedieron de los hechos.

El magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de Cristina Kirchner.

Paralelamente, Casanello pidió a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales pidió información.

Asimismo, solicitó que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, encare el trabajo con "la mayor premura".